UN PAÍS QUE ENVEJECE

 El debate sobre las residencias de personas mayores en España ha dejado de ser una cuestión sectorial para convertirse en un termómetro del estado del bienestar. No hablamos solo de infraestructuras, sino de derechos, planificación pública y cohesión social.

Los datos son claros. Según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, a partir de cifras del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, España contaba entre 395.000 y 412.000 plazas residenciales en 2023–2024. Sin embargo, para alcanzar el estándar técnico de referencia —5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años— serían necesarias alrededor de 90.000 plazas adicionales.

Ese indicador no surge de una cifra arbitraria. Durante años ha sido utilizado por expertos en planificación sociosanitaria como referencia mínima para garantizar una cobertura razonable ante el envejecimiento de la población. España supera ya el 20% de población mayor de 65 años y el grupo de más de 80 crece con especial intensidad. La transición demográfica no es una hipótesis futura: es una realidad consolidada.

La desigualdad territorial agrava el panorama. Algunas comunidades autónomas se acercan o incluso superan esa ratio, mientras otras se sitúan claramente por debajo. La consecuencia es que el acceso a una plaza residencial puede depender del código postal. En un Estado que reconoce la igualdad de derechos con independencia del territorio, esta brecha debería ser una alerta política.

Más allá del número de plazas, el debate exige una reflexión sobre el modelo. Las instituciones europeas han insistido en la necesidad de fortalecer los cuidados de larga duración como parte esencial del pilar europeo de Derechos Sociales. La recomendación es clara: garantizar servicios accesibles, asequibles y de calidad, combinando atención residencial y apoyos domiciliarios, pero con una red pública suficiente que actúe como garantía última del sistema.

La pandemia evidenció carencias estructurales que no pueden repetirse: falta de personal, precariedad laboral, coordinación insuficiente entre sistemas sanitario y social. Desde entonces, se han producido avances normativos y compromisos de mejora, pero el déficit cuantitativo sigue ahí. Si el número de personas mayores crece más rápido que la oferta de plazas y recursos, la brecha se ampliará.

Conviene además desmontar una falsa dicotomía. Reforzar la atención domiciliaria es imprescindible, pero no sustituye la necesidad de plazas residenciales para personas con dependencia severa o gran dependencia. Un sistema equilibrado debe ofrecer respuestas diversas y complementarias, no excluyentes.

La cuestión de fondo es política y ética. ¿Consideramos los cuidados un derecho social equiparable a la educación o la sanidad? Si la respuesta es afirmativa, la planificación debe anticiparse al cambio demográfico con inversiones sostenidas, financiación estable y criterios homogéneos de calidad.

España se enfrenta a una década decisiva en materia de envejecimiento. El reto no es menor: garantizar que quienes han sostenido el país durante décadas puedan vivir su vejez con dignidad, seguridad y apoyo profesional. Los datos no son una estadística fría; son la expresión numérica de una responsabilidad colectiva.