LA POLÍTICA DEMOCRÁTICA BASADA EN DERECHOS

 Cada cierto tiempo, el debate público en España y en Europa vuelve al mismo punto: la regularización de personas migrantes en situación administrativa irregular. Se presenta como una anomalía, una concesión peligrosa o una ruptura del orden legal. Sin embargo, la historia reciente desmiente ese relato. Regularizar no es una ocurrencia ni un gesto improvisado: es una herramienta política utilizada de forma reiterada por Estados democráticos cuando la legislación deja fuera a quienes ya forman parte efectiva de la sociedad.

La regularización aprobada esta semana por el Gobierno español se inscribe en esa tradición. Conviene subrayarlo desde el inicio: no crea migración, sino que reconoce una realidad existente. Personas que viven aquí desde hace años, que trabajan —muchas veces en condiciones precarias—, que cuidan, limpian, construyen y sostienen sectores enteros de la economía, pero a las que el sistema mantiene en un limbo jurídico. Invisibles para la administración, aunque imprescindibles para la vida cotidiana.

España ya lo hizo 

España no parte de cero. La regularización de 2005 permitió a cientos de miles de personas salir de la economía sumergida y acceder a un contrato de trabajo, a la Seguridad Social y a derechos básicos. Los datos posteriores mostraron un aumento notable de las afiliaciones, una mayor recaudación fiscal y una reducción de la precariedad extrema en sectores clave como la construcción, la hostelería o los cuidados.

No hubo colapso de los servicios públicos ni un incremento descontrolado de flujos migratorios como consecuencia directa de aquella medida. Lo que sí hubo fue más control administrativo, más cotización y mayor cohesión social. La experiencia desmontó, una vez más, el argumento del denominado “efecto llamada”, que reaparece cíclicamente en el debate político sin respaldo empírico sólido.

Desde entonces, el propio sistema de extranjería ha ido incorporando mecanismos de regularización parcial —arraigo social, laboral o formativo— que reconocen implícitamente una realidad incómoda: un modelo que condena a la irregularidad prolongada no funciona, ni desde el punto de vista jurídico ni desde el humano.

Europa también regulariza

Lejos de ser una rareza española, las regularizaciones han sido una práctica habitual en Europa. Italia ha aprobado múltiples procesos de sanatoria, incluidos algunos recientes centrados en el trabajo doméstico y agrícola. Portugal ha optado por vías administrativas más flexibles para facilitar el acceso a la residencia a personas ya insertas laboralmente. Francia, Bélgica o Grecia han recurrido en distintos momentos a regularizaciones sectoriales o extraordinarias.

Todas estas medidas responden a una misma constatación: la irregularidad no desaparece por endurecer el discurso, pero sí genera explotación laboral, abuso, miedo y exclusión. Regularizar, en cambio, permite al Estado recuperar capacidad de control, proteger derechos y reducir la economía informal. Es una decisión de gestión pública, no un gesto ideológico.

Europa, que se define a sí misma como un espacio de derechos, ha avanzado históricamente cuando ha optado por soluciones realistas y humanas, no cuando ha convertido la migración en un campo de batalla retórico.

El núcleo del debate 

Más allá de balances económicos, la regularización es ante todo una cuestión de derechos humanos. El derecho a trabajar sin ser explotado, a acceder a la sanidad sin miedo, a denunciar un abuso sin riesgo de expulsión. Derechos básicos que, en teoría, son universales, pero que en la práctica quedan condicionados a un estatus administrativo.

Mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad no es una posición neutral: produce vulnerabilidad estructural. Alimenta redes de explotación, debilita la inspección laboral y normaliza la existencia de una población sin derechos plenos. Regularizar no es “premiar” conductas, sino corregir una disfunción legal que beneficia únicamente a quienes se aprovechan de la ausencia de derechos.

Democracia frente al miedo

Que esta regularización llegue impulsada por una amplia movilización social y una iniciativa legislativa popular no es un detalle menor. Habla de una sociedad civil que entiende que la democracia no se limita a la gestión de fronteras, sino que también consiste en ensanchar derechos y reducir desigualdades reales.

Frente al ruido político y los discursos alarmistas, conviene recordar lo esencial: ninguna democracia se debilita por reconocer derechos, pero sí se erosiona cuando normaliza la exclusión como herramienta de gobierno. La historia europea ofrece suficientes lecciones al respecto.

Como recordó el jurista y ex relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos de las personas migrantes, François Crépeau, la irregularidad administrativa no puede convertirse en una condena permanente a la ausencia de derechos. Regularizar no debilita el Estado de derecho: lo devuelve a su sentido original, alineándolo con la dignidad humana que dice proteger. Porque una democracia que tolera la invisibilidad como forma de gobierno acaba normalizando la exclusión. Y esa, nunca, ha sido una base sólida para convivir.