UN MUNDO MÁS INSEGURO

 

El 28 de febrero de 2026 marcó un antes y un después en la historia reciente del derecho internacional y la diplomacia. La ofensiva militar conjunta de los gobiernos de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán —una operación que ha sido descrita por líderes globales como una “escalada” con consecuencias impredecibles— ha desencadenado una nueva fase de violencia en el Medio Oriente con ramificaciones que ya cruzan fronteras y tratados internacionales.

Desde Washington y Tel Aviv se ha argumentado que las acciones responden a amenazas a la seguridad nacional, con objetivos que van desde instalaciones militares hasta altos dirigentes políticos. Pero ese tipo de justificación —más allá de su retórica— plantea una pregunta más profunda y urgente: ¿puede la seguridad real construirse a través de la vulneración del orden jurídico internacional?

El derecho internacional, y en particular la Carta de las Naciones Unidas, prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados, salvo en caso de legítima defensa o con autorización del Consejo de Seguridad. Esta no es una cláusula decorativa: es el fundamento jurídico que ha permitido sostener, por décadas, un mínimo de equilibrio que evita el reinado absoluto de la fuerza sobre la razón. Saltarse esas normas ignora no solo la letra, sino el espíritu de un orden que busca preservar la paz y la seguridad colectiva.

Organizaciones internacionales y voces expertas han señalado con claridad que el camino de las armas no reduce el riesgo de conflicto: lo multiplica. El Secretario General de la ONU ha advertido que la escalada militar pone en peligro la paz y seguridad globales y ha pedido la vuelta inmediata a la mesa de negociaciones. De igual manera, instituciones como el International Peace Bureau han subrayado que los ataques representan una violación del derecho internacional y deben ceder ante la diplomacia.

Si la comunidad internacional quiere coherencia entre sus aspiraciones y sus acciones, debe plantear medidas concretas y no violentas que trabajen simultáneamente en dos frentes: contener la crisis y abrir canales para resolverla políticamente. Esto implica sanciones multilaterales acordadas en espacios constitucionales, mediación imparcial de actores con credibilidad internacional, y mecanismos de verificación que reduzcan las desconfianzas que hoy alimentan la violencia cargada de propaganda.

Es fundamental recordar que las víctimas de los conflictos no son cifras abstractas, sino familias, niños y pueblos que sufren desplazamientos, muerte y pérdida de futuro. Organizaciones de derechos humanos han documentado cómo en conflictos prolongados la responsabilidad por proteger a civiles se debilita bajo el peso de los intereses estratégicos. Si el derecho internacional es realmente una herramienta de justicia y no un espejismo retórico, su defensa debe ser activa y exigente en cada crisis.

No se trata de relativizar amenazas legítimas ni de ignorar las tensiones reales que atraviesan la geopolítica contemporánea. Se trata de recordar que el uso de la fuerza es un recurso extremo y excepcional, y que su normalización erosiona el propio edificio jurídico que dice proteger.

Como advertía Hannah Arendt, “la violencia puede destruir el poder; es absolutamente incapaz de crearlo”. La fuerza militar puede imponer silencio, pero no construye legitimidad ni estabilidad duradera. La historia contemporánea demuestra que cada intervención armada sin consenso internacional deja un vacío que se llena de resentimiento, radicalización e inseguridad compartida.

El derecho internacional no es una ingenuidad idealista; es una arquitectura política nacida de las devastaciones del siglo XX. Cuando Immanuel Kant imaginó en su proyecto de Paz perpetua un orden basado en normas comunes entre Estados, no proponía una utopía sentimental, sino una racionalidad práctica: limitar la guerra como instrumento ordinario de la política. Más de dos siglos después, esa aspiración sigue siendo una tarea pendiente.

También lo recordó Martin Luther King Jr. al afirmar que “la violencia engendra más problemas sociales que los que resuelve”. En el terreno internacional, esa máxima adquiere una dimensión estructural: cada ataque preventivo debilita la autoridad moral con la que después se exigen responsabilidades a otros actores.

Hoy, frente a la escalada, la comunidad internacional tiene una elección que no es solo estratégica, sino ética y jurídica. Apostar por medidas no violentas —mediación multilateral, verificación independiente, diplomacia sostenida y rendición de cuentas— no es señal de debilidad. Es afirmar que la ley debe prevalecer sobre la fuerza y que la seguridad verdadera no nace del temor, sino de la cooperación.