DEVOLVER EL NOMBRE A QUIENES YA ESTABAN

 

Cada cierto tiempo, Europa vuelve a discutir lo mismo como si fuera nuevo: qué hacer con quienes viven entre nosotros sin papeles. Se habla de leyes, de fronteras, de amenazas abstractas. Rara vez se habla de personas. Y, sin embargo, la regularización aprobada esta semana en España no inaugura nada extraño: se limita a reconocer una realidad que ya existe.

La regularización aprobada esta semana por el Gobierno español se inscribe en esa tradición. Conviene subrayarlo desde el inicio: no crea migración, sino que reconoce una realidad existente. Personas que viven aquí desde hace años, que trabajan —muchas veces en condiciones precarias—, que cuidan, limpian, construyen y sostienen sectores enteros de la economía, pero a las que el sistema mantiene en un limbo jurídico. Invisibles para la administración, aunque imprescindibles para la vida cotidiana.

España y Europa lo han hecho antes. Italia, Portugal, Francia. España en 2005. No fueron gestos excepcionales ni saltos al vacío. Fueron decisiones políticas para resolver una contradicción evidente: exigir integración a quienes se mantiene deliberadamente fuera del sistema. Los datos posteriores fueron claros —más empleo declarado, más cotización, menos economía sumergida—, pero el verdadero efecto fue menos cuantificable: la salida del miedo.

Porque la irregularidad no es solo una situación administrativa. Es una forma de vida marcada por el silencio, la explotación y la imposibilidad de reclamar derechos. Mantenerla no protege el orden legal: lo degrada. Regularizar no es premiar, es restituir lo básico. El derecho a trabajar sin ser abusado. A enfermar sin esconderse. A existir sin pedir perdón.

Europa se debilita cuando convierte la exclusión en norma y el miedo en argumento. Se fortalece cuando recuerda que el Estado de derecho no se mide por su capacidad de expulsar, sino por su compromiso con la dignidad humana.

Como advirtió el jurista y ex relator de Naciones Unidas, François Crépeau, la irregularidad administrativa no puede convertirse en una condena permanente a la ausencia de derechos. Regularizar, en el fondo, no es una concesión: es una forma de volver a llamar democracia a lo que pretende serlo.