ENTRE TRIBUNALES Y TRINCHERAS

 La democracia no suele romperse de golpe. Rara vez cae con estruendo. A menudo se desgasta lentamente entre sospechas interesadas, titulares apresurados y una erosión constante de la confianza pública. Es lo que la ciencia política señala sobre los golpes no tradicionales. En España, una de las fronteras más delicadas y decisivas para la salud democrática sigue siendo la que separa la justicia de la política. Y es ahí donde el ruido ocupa el espacio de las garantías.

La tensión entre poderes es inherente a cualquier sistema democrático. Ya lo advertía Montesquieu al señalar que no hay libertad si el poder de juzgar no está separado del legislativo y del ejecutivo. Pero una cosa es la crítica legítima y otra convertir cada resolución judicial en una prolongación de la batalla partidista, dejando a la ciudadanía entre trincheras interesadas.

La independencia judicial no es únicamente un debate corporativo sobre jueces y tribunales. En la teoría democrática moderna se considera una garantía ciudadana. El artículo 117 de la Constitución española establece que jueces y magistrados son “independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. Sin embargo, el modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial y los bloqueos políticos prolongados han alimentado desde hace años un debate sobre la percepción de una justicia politizada.

El resultado de todo esto es una preocupante politización del debate sobre la justicia. Cada investigación sensible parece venir acompañada de campañas de desgaste y sospechas preventivas. Y esto ha llevado a un problema más allá de las instituciones. Porque cuando la ciudadanía deja de confiar en que los tribunales actúan bajo el imperio de la ley, empieza a resquebrajarse una de las bases esenciales del Estado de Derecho y sus garantías constitucionales. 

El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, lo resumía recientemente al recordar que “la independencia de los jueces no es un privilegio, tiene un carácter instrumental. Está al servicio de los ciudadanos y sus derechos y libertades”. Y es precisamente en ese punto de servicio a la ciudadanía donde flaquea la percepción de cada uno de nosotros.

En ese matiz decisivo con jueces sometidos únicamente a la ley, nos encontramos de bruces con otro estamento imprescindible como es la necesidad de una prensa capaz de informar sobre los procesos judiciales con rigor, contexto y responsabilidad. El periodismo no puede actuar como una sala paralela de condena o absolución anticipada. Tampoco puede convertirse en altavoz acrítico de filtraciones interesadas, medias verdades o relatos diseñados desde trincheras políticas. Y de esto, desgraciadamente, ya tenemos demasiados ejemplos.

La velocidad del ecosistema digital ha empeorado esta deriva. Hoy muchas causas judiciales se consumen como espectáculo instantáneo: primero llega el titular emocional, después la sentencia, si llega, y finalmente el olvido. En ese camino se destruyen reputaciones, se polariza el debate público y se degrada la confianza colectiva en las instituciones.  Joseph Pulitzer dejó una advertencia que sigue resonando con fuerza más de un siglo después: “Una prensa cínica, mercenaria y demagógica acabará produciendo un pueblo tan innoble como ella misma”. No hablaba únicamente de ética profesional, hablaba de convivencia democrática. Porque el deterioro del lenguaje público termina afectando a la calidad de la democracia.

La justicia, como servidor público,  debe aceptar la crítica y la fiscalización pública. Ningún poder en democracia puede quedar blindado. Pero una sociedad libre también necesita preservar algo elemental. Hablamos de la diferencia entre el análisis jurídico y la agitación partidista, entre el derecho a discrepar y la estrategia de erosionar cualquier institución que no confirme nuestras propias convicciones.

Cuando los tribunales son vistos como actores políticos, la democracia pierde equilibrio. Cuando determinados discursos mediáticos convierten cualquier investigación en un arma de desgaste ideológico, pierde credibilidad la conversación pública. Y cuando ambas cosas suceden simultáneamente, crece el ruido interesado que sustituye los hechos por consignas y las garantías por sospechas.

Sin instituciones creíbles, la democracia se vuelve vulnerable al cinismo. Y el cinismo es terreno fértil para quienes prefieren ciudadanos enfrentados antes que ciudadanos informados. La independencia judicial y el rigor periodístico no son privilegios corporativos. Va más allá de sus mediadores, son defensas colectivas frente a la arbitrariedad, la manipulación y el deterioro democrático.