LA POLÍTICA DE LA SOSPECHA PERMANENTE

 Las democracias siempre han convivido con la crítica. Es más, la crítica constituye uno de sus principales mecanismos de salud. Los ciudadanos cuestionan a sus gobernantes, los medios fiscalizan al poder, los tribunales revisan decisiones administrativas y los parlamentos debaten y confrontan ideas. Nada de ello representa una anomalía; al contrario, es precisamente la expresión de una sociedad libre.

Sin embargo, en los últimos años parece haberse instalado una dinámica diferente. Ya no se trata únicamente de discutir decisiones políticas o de cuestionar actuaciones concretas. Lo que está en juego es algo más profundo: la propia legitimidad de las instituciones que sostienen el sistema democrático.

La estrategia se repite con inquietante frecuencia. Cuando una resolución judicial no favorece los intereses propios, se cuestiona la independencia de los jueces. Cuando una investigación periodística resulta incómoda, se desacredita a los medios en su conjunto. Cuando los resultados electorales no coinciden con las expectativas de una parte política, se siembran dudas sobre la limpieza del proceso. Y cuando un organismo de control ejerce sus funciones, se le atribuyen motivaciones ocultas o partidistas.

La consecuencia inmediata es evidente: se moviliza a los propios simpatizantes. La consecuencia a largo plazo, sin embargo, resulta mucho más preocupante. Cada ataque indiscriminado contra una institución deja una huella en la percepción ciudadana. Cada sospecha difundida sin pruebas erosiona un poco más la confianza colectiva. Cada campaña basada en la deslegitimación del adversario termina debilitando también las reglas que permiten resolver los conflictos de manera pacífica y democrática.

La paradoja es que quienes impulsan estas estrategias suelen presentarse como defensores de la democracia. Pero ninguna democracia puede funcionar si la ciudadanía llega a la conclusión de que los jueces actúan siempre por intereses políticos, que los parlamentos carecen de legitimidad, que los organismos públicos están permanentemente manipulados o que toda información responde a una conspiración organizada.

Las instituciones democráticas no son perfectas. Nunca lo han sido. Cometen errores, necesitan reformas y deben rendir cuentas de forma permanente. Precisamente por eso existen mecanismos de control, recursos judiciales, órganos fiscalizadores, elecciones periódicas y una prensa libre. La fortaleza de una democracia no consiste en la ausencia de errores, sino en su capacidad para corregirlos.

Lo preocupante es que estamos asistiendo a una transformación del debate público en la que la sospecha se ha convertido en una herramienta política de uso cotidiano. Ya no basta con discrepar. Hay que desacreditar. Ya no basta con criticar una decisión. Hay que poner en duda la legitimidad de quien la adopta. Y cuando esa lógica se instala de forma permanente, el deterioro institucional acaba afectando a todos, independientemente de quién gobierne o quién ocupe la oposición.

La historia ofrece suficientes advertencias. Las democracias rara vez se derrumban de un día para otro. Con frecuencia se desgastan lentamente, a través de una pérdida progresiva de confianza entre ciudadanos e instituciones. Cuando desaparece la convicción compartida de que existen reglas comunes y árbitros legítimos, el espacio para el acuerdo se estrecha y la polarización ocupa su lugar.

El historiador francés Pierre Rosanvallon ha advertido de que la desconfianza puede ser una virtud democrática cuando sirve para vigilar al poder y exigir transparencia. Sin embargo, deja de cumplir esa función cuando se transforma en una sospecha sistemática contra todas las instituciones. La democracia necesita control y fiscalización, pero también un mínimo de confianza compartida que permita reconocer la legitimidad de las reglas y de quienes tienen la responsabilidad de aplicarlas.

Por eso conviene recordar una idea sencilla como es que defender las instituciones no significa defender a quienes las ocupan circunstancialmente. Significa proteger el marco que garantiza nuestros derechos y libertades. Los gobiernos pasan. Los partidos cambian. Los liderazgos se suceden. Pero la credibilidad de las instituciones, una vez dañada, resulta mucho más difícil de reconstruir.

La crítica fortalece las instituciones cuando las obliga a mejorar. La desconfianza indiscriminada, en cambio, las vacía de autoridad ante los ojos de la ciudadanía. Y cuando los ciudadanos dejan de creer en quienes arbitran las reglas comunes, la democracia pierde uno de sus pilares esenciales. Como ha defendido Pierre Rosanvallon, la cuestión no es elegir entre confianza o control, sino preservar ambas. Porque una democracia sin vigilancia puede derivar en abuso de poder, pero una democracia sin confianza termina convirtiéndose en un espacio donde nadie reconoce la legitimidad de nadie.

Porque una democracia puede sobrevivir a un mal gobierno. Lo que difícilmente puede soportar es que sus ciudadanos dejen de creer en la propia democracia.