EL LENGUAJE QUE DECIDE LOS DERECHOS

 Hay expresiones que no describen la realidad, sino que la construyen. Y una de ellas es esa “Prioridad nacional” de la que tanto se ha hablado en estos días de acuerdos programáticos y de gobiernos. A primera vista suena razonable, incluso administrativamente. Una expresión que habla de ordenar recursos  y atender primero a quienes “pertenecen”. Pero basta rascar un poco para descubrir que no estamos ante un criterio técnico, sino ante una forma de redefinir quién cuenta y quién queda fuera.

El término ha regresado al debate político con una ambigüedad calculada. Se presenta como una fórmula de gestión, con el centro en el arraigo, en la contribución o el tiempo de residencia. Pero en su núcleo encierra una idea más antigua y más inquietante: que el acceso a derechos puede depender del origen. No es una novedad. La expresión hunde sus raíces en la tradición de la extrema derecha europea, donde sirvió para justificar políticas de exclusión bajo el principio de “los nacionales primero”.

El problema no es solo lo que dice, sino lo que desplaza. Cuando se invoca la “prioridad nacional”, el foco se mueve. La escasez de vivienda, la saturación de servicios públicos o la precariedad laboral dejan de analizarse como fallos estructurales. Es decir, fallos en decisiones políticas, falta de inversión o desigualdad para convertirse en un conflicto entre personas. El resultado ya lo conocemos por la propia historia. Se señala al más vulnerable como competidor directo, mientras las causas profundas permanecen intactas.

En ese desplazamiento hay una operación política de gran eficacia. Porque convierte un debate sobre derechos en una discusión sobre pertenencia. Y al hacerlo, introduce una jerarquía silenciosa. Y en ella se señalan vidas que merecen protección plena y otras que deben esperar, justificar su presencia o aceptar condiciones más duras. No hace falta una exclusión explícita. Es suficiente con establecer prioridades basadas en el origen para erosionar el principio de igualdad.

Sin embargo, cualquier marco democrático sólido se sostiene precisamente sobre lo contrario. Los derechos fundamentales no nacen de la nacionalidad, sino de la condición humana. La igualdad ante la ley no es un ideal retórico. Es, precisamente, el límite que impide que la política derive en privilegio. Cuando ese límite se difumina, la ciudadanía deja de ser un espacio común y se convierte en una frontera interna entre nosotros mismos.

La historia reciente ofrece suficientes advertencias sobre lo que ocurre cuando se normalizan estas distinciones. No empiezan como rupturas abruptas, sino como ajustes razonables, pequeñas excepciones, prioridades aparentemente lógicas. Pero cada una de ellas va estrechando el perímetro de lo común.

Frente a esa lógica, deberíamos preguntarnos qué priorizamos en una democracia. Si la respuesta es proteger primero a quienes más lo necesitan, entonces el criterio no puede ser la nacionalidad, sino la vulnerabilidad. Si el objetivo es sostener la cohesión social, la exclusión nunca ha sido una estrategia eficaz: fragmenta, enfrenta y debilita el propio tejido que pretende defender.

Tal vez el debate no deba centrarse en quién tiene derecho a estar antes, sino en cómo garantizar que nadie quede fuera. Porque el verdadero desafío de las sociedades contemporáneas no es decidir a quién se deja atrás, sino evitar que esa decisión llegue a producirse.

La “prioridad nacional” promete orden, pero introduce desigualdad. Y en ese intercambio, la democracia siempre pierde algo más que una simple precisión terminológica. Pierde el principio que la hace posible y justa.

Al final, las palabras importan porque trazan límites. Y cuando el lenguaje empieza a clasificar a las personas según su origen, no está organizando recursos: está definiendo quién merece derechos. Esa es la línea que una sociedad democrática no debería cruzar.

Como advirtió Hannah Arendt, tras la experiencia de los desplazados y apátridas del siglo XX, el mayor peligro no es perder derechos concretos, sino perder “el derecho a tener derechos”. Quizá ahí reside el verdadero núcleo del debate donde decidir si ese derecho fundamental puede depender del lugar de nacimiento o si, por el contrario, constituye la base misma de cualquier democracia digna de ese nombre.

Puedes leer el artículo en Mislata News 

o 

escucharlo en La Voz Silenciosa radio