LA VIVIENDA NO ES SOLO MERCANCÍA

Las protestas de estos días vuelven a colocar en el centro una pregunta que llevamos demasiado tiempo intentando resolver únicamente con el lenguaje del mercado. Precios, alquileres, hipotecas, oferta, demanda, inversión. Pero detrás de cada porcentaje hay personas que buscan una casa donde vivir y que empiezan a descubrir que tener un lugar estable en el mundo puede convertirse en un privilegio.

La Constitución reconoce la propiedad privada en su artículo 33. Pero el mismo artículo establece que su función social delimita su contenido. Y el artículo 47 reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y encomienda a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo. No son derechos enfrentados. Son dos dimensiones que deben convivir.

Una vivienda puede ser una propiedad, una inversión o un patrimonio familiar. Pero también es el lugar donde una persona duerme, crecen sus hijos, envejecen sus padres, se construyen vínculos y se desarrolla buena parte de la vida cotidiana. Por eso no puede ser tratada exactamente igual que cualquier otro producto de consumo.

El filósofo y sociólogo Henri Lefebvre habló del derecho a la ciudad como algo mucho más profundo que el simple acceso físico a un espacio. Habitar significa también participar de una comunidad, disponer de servicios, de relaciones, de tiempo y de oportunidades. Cuando una persona no puede pagar el alquiler en su barrio o debe abandonar la ciudad en la que ha construido su vida, no pierde solamente una vivienda. Pierde también una parte de su pertenencia.

El economista político Karl Polanyi, décadas antes, había advertido de los riesgos de convertir elementos esenciales de la vida social en mercancías sometidas exclusivamente a la lógica del mercado. Su reflexión sobre la tierra resulta una buena comparativa para nuestra actualidad. La vivienda tiene un precio, por supuesto. Pero reducirla a su precio significa olvidar aquello que la convierte en una necesidad humana.

Los datos explican parte del malestar. El INE acaba de situar en el 12,2 % el incremento interanual del precio de la vivienda en España durante el segundo trimestre de 2026.En Galicia, la subida alcanzó el 12,9 %. Mientras tanto, para muchos hogares el alquiler o la hipoteca absorbe una parte creciente de sus ingresos.

Los fondos de inversión inmobiliaria, las SOCIMI  eran propietarias del 8,1 % de las viviendas destinadas al alquiler habitual en España. En Galicia, ese porcentaje se situaba en el 3,8 %, mientras que en Madrid alcanzaba el 10,3 % y en Cataluña el 11,1 %. Son datos que obligan a evitar tanto la exageración como la invisibilidad.

El mismo Banco de España estimaba que las sociedades poseían alrededor de 210.000 viviendas residenciales destinadas al alquiler en 2023. Y en su último informe anual señala que la adquisición de vivienda por inversores institucionales y compradores no residentes constituye un componente relevante de la demanda y contribuye a elevar los precios en los mercados más tensionados.Por su parte, el Banco de España estimaba que las sociedades poseían alrededor de 210.000 viviendas residenciales destinadas al alquiler en 2023, señalando que la adquisición de vivienda por inversores institucionales y compradores no residentes constituye un componente relevante de la demanda y contribuye a elevar los precios en los mercados más tensionados.

La función social quebrada

La protesta social no debería interpretarse únicamente como una disputa entre propietarios y quienes buscan vivienda. Hay pequeños propietarios, familias hipotecadas, jóvenes que quieren emanciparse y personas mayores que necesitan permanecer en sus hogares. Todos forman parte del mismo problema. Precisamente por eso necesitamos una conversación pública menos simplista.

Defender el derecho a la vivienda no significa negar el derecho de propiedad. Significa recordar que la propiedad, en nuestro sistema constitucional, tiene una función social. Y reconocer que los poderes públicos tienen una responsabilidad que no pueden delegar por completo en el mercado.

Necesitamos más vivienda pública y asequible, políticas de alquiler, rehabilitación, planificación urbana y medidas que permitan compatibilizar seguridad jurídica y protección de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Pero necesitamos también recuperar una idea elemental. Una casa puede tener un precio pero tener un lugar donde vivir dignamente no debería depender únicamente de cuánto dinero se tenga.

Porque cuando una sociedad empieza a considerar normal que una parte de sus ciudadanos no pueda acceder a una vivienda, el problema deja de ser solamente inmobiliario. Se convierte en un problema democrático.

Y quizá esa sea la cuestión de fondo que las calles están recordando estos días. La vivienda puede estar dentro del mercado pero la dignidad de quienes la habitan no puede quedar fuera de la Constitución. Y en ese punto, la ciudadanía sigue en pérdidas.