LA DIFICULTAD DE PENSAR

 

Repensando esta última semana, que de algo nos debe servir el recordatorio intelectual, confirmo un sentimiento que hace tiempo regresa en cada análisis personal de este tiempo que seguimos demandando. La anulación constitucional del impuesto sobre la plusvalía de los terrenos urbanos ha supuesto el enésimo resultado a la falta de trabajo legislativo de nuestra administración. La justicia llevaba años señalando y avisando de este descompensado gravamen que ha supuesto, en muchos casos, un problema para la ciudadanía que no especula con el urbanismo terrenal. Hasta ahí, podríamos decir que esta decisión estaba al caer en cualquier momento gracias, especialmente, a colectivos civiles que han realizado un imprescindible trabajo sobre iniciativas ante los tribunales. Pero como todas las cosas que mueven las ramas de nuestra estructura administrativa, al final, el protagonismo ante los micrófonos se lo llevan los representantes políticos de los diversos bandos para encapsular un nuevo rifirrafe que tanto nos gusta en este país. Están los que se rasgan las vestiduras ante la tribulación de las cuentas públicas municipales, olvidando sus letargos y haciendo oídos sordos a las recomendaciones judiciales o los que acallan el impacto con medidas urgentes para salir de este atolladero. Hay que reconocer que en ambos casos lo imperante es la falta de dedicación a posibles soluciones antes de producirse el problema. Aún así hay que apuntar que quienes sacan pecho de siglas ante el desbarajuste presupuestario de los ayuntamientos, reclamando una buena bolsa de ingresos municipales, llevan varios años prometiendo insaciablemente ante los ofertorios electorales las bajadas drásticas de este mismo impuesto, dejándolo en una apariencia residual de su recaudación. Poco nos pasa cuando aceleramos la verborrea a pesar de la incongruencia de los mensajes. Dejando a un lado lo grotesco de la batalla política que anida en cada una de las acciones públicas, la gran mayoría de la ciudadanía se ha dejado más de un suspiro de alivio ante esta decisión. Por una parte, aquellos que argumentaron la falta de legitimidad a la hora de calcular este perecedero impuesto y aquellos que seguían haciendo números para repercutirse un gasto más de la economía personal o familiar. Tal vez pueda ser una buena oportunidad para mejorar, como otras tantas, nuestra actual legislación. Una meta a conseguir que promueva el diálogo y que redunde en una mejor justicia colectiva. Una esperanza democrática donde recoger lo mejor de las diferentes partes que suponga un resultado enriquecido para la totalidad de una sociedad ávida de pasos seguros y harta de especulaciones patrioteras que solamente abundan en la limitada utilización de unos pocos jugando en las redes sociales, donde se juzga interesadamente para dejar de lado algo tan importante como crear el buen pensamiento. Ya lo decía el psicoanalista C. J. Jung: “Pensar es difícil, es por eso que la mayoría de la gente prefiere juzgar”. Lo preocupante de ello es el valor de tantos juicios desnudos de argumentos que nos hacen menos libres para decidir y escasos en nuestro necesario caminar.