CUANDO EL PODER ECONÓMICO EMPUJA DEMASIADO

 

La última sacudida en el debate público no proviene de una crisis económica ni de un sobresalto institucional. Llega, más bien, desde un territorio menos visible pero mucho más persistente: la presión empresarial sobre la vida política. Las críticas que han surgido en los últimos meses han reabierto una conversación incómoda, pero imprescindible, sobre la influencia del poder económico en decisiones que deberían responder únicamente al interés general.

No estamos ante un episodio aislado, sino ante una dinámica que erosiona lentamente la confianza ciudadana. Cuando determinados actores económicos condicionan agendas, interfieren en los procesos legislativos o se erigen en interlocutores privilegiados, la democracia pierde capacidad de respiración. La ciudadanía participa de forma regular en las urnas; algunos lobbies influyen a diario. Esa asimetría es, por sí sola, un riesgo estructural.

Hace más de dos siglos, Thomas Jefferson advirtió —en una frase cuya autoría ha sido debatida, pero cuyo fondo mantiene una vigencia sorprendente— que las instituciones bancarias pueden llegar a ser “más peligrosas para nuestras libertades que un ejército permanente”. No lo decía desde la demonización, sino desde la cautela republicana ante cualquier poder capaz de desbordar a los mecanismos democráticos. Su reflexión sigue iluminando el presente: cuando lo económico adquiere una capacidad de presión superior a la de los representantes elegidos, la soberanía se distorsiona.

Por supuesto, nadie discute el papel central de las empresas en la creación de riqueza, empleo e innovación. La cuestión no es enfrentarse a ellas, sino clarificar los límites. Lo público debe decidir por lo público, sin subordinaciones ni puertas traseras. La frontera entre el interés general y el interés privado debe ser nítida, escrutable y sometida a control ciudadano. Cuando se difumina, cuando se naturaliza que lo empresarial dicte el rumbo político, se abre la puerta a un modelo donde el beneficio pesa más que los derechos y donde la igualdad deja de ser el piso común para convertirse en un ideal aplazado.

Que este debate se reabra ahora es una señal de madurez social. La ciudadanía no pide imposibles: reclama que las decisiones se tomen pensando en la mayoría, no en quien presiona con más fuerza. Recordarlo no es un gesto de confrontación, sino de defensa democrática. Porque una democracia sólida no se mide sólo por sus instituciones, sino por su capacidad para garantizar que ningún poder privado, por grande que sea, pueda situarse por encima de la voluntad colectiva.